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En la columana pasada tras cumplirse más de 100 días de protesta pacífica, cultural y bien argumentada por las comunidades del departamento del Meta contra cuatro peajes a cargo de dos concesiones, advertía de la falta de voluntad del Gobierno Nacional que “en vez de buscar soluciones reales, lo que hace es amedrentar a las comunidades con comunicados públicos donde amenazan con cárcel y multas a los manifestantes o presionando a la Gobernadora del Meta y a los alcaldes de Villavicencio, Acacías y Granada con oficios para que usen la fuerza pública y disolver las protestas pacíficas, al tiempo que dicen tener voluntad en las mesas de concertación”, me preguntaba también si ¿Ese era el cambio?.
Al día siguiente de publicada la columna, el 12 de noviembre, se materializó la falta de voluntad del Gobierno Nacional por dar solución real a las peticiones de las comunidades y en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en contubernio con las concesiones viales de Covioriente (Grupo Aval) y la Concesión Vial de los Llanos (Grupo Argos) decidieron reanudar el cobro de los peajes por la fuerza, sin ningún tipo de orden legal, sin autorización en PMU y violando el decreto 003 de 2021, pues las comunidades seguían en mesas de diálogo.
Intervención Covioriente y ANI
La intervención ilegal fue violenta, en videos quedó registrado como en el peaje de Puente Amarillo en la vía Villavicenecio – Yopal, Covioriente llegó con hombres vestidos con trajes de la ANI, encapuchados y armados con machetes que, sin mediar palabra empezaron a quitar las pancartas y se tomaron las casetas de cobro. Adicional, para generar más presión a los manifestantes pacíficos estuvieron acompañados de la fuerza pública, que al ser interrogados por la comunidad indicaron que no existía ninguna orden legal de intervención.
Tampoco hubo acompañamiento inicial de Derechos Humanos, ni Defensoría del Pueblo, ni Procuraduría; sólo se contó con la presencia de la personera municipal de Restrepo, Ana María García quien veló por la integridad de los manifestantes y fue garante del derecho legítimo a la protesta.
A pesar de la presión de Covioriente contra sus trabajadores para que reanudaran el cobro, obligándolos a confrontar con la masividad de la comunidad y el respaldo unánime de todos los vehículos que pasaban por el peaje no lograron el cometido, no pudieron volver a cobrar. ¡Les salió el tiro por la culata! como exclamó el cantautor Chucho Mejía en canción llanera que cuenta la historia de los abusos ocurridos el 12 de noviembre de 2024.
Pero el abuso no paró ahí, la concesión dió la orden de bloquear la vía nacional con vehículos de carga en ambos costados sin garantizar corredor humanitario como se captó en video el desespero de un conductor de ambulancia con paciente grave a bordo que no pudo pasar. Ante semejante ilegalidad y violacion de derechos humanos, los transportadores en la vía se organizaron y retiraron los vehículos, ya que la policía de tránsito no hizo nada. Estos vehículos de carga responden a las placas publicas TAY 130, TAY 158, TSS 263, TSS 266 y TSS 300.
En contraste al comportamiento violento de Covioriente, en más de 108 días de protesta pacífica y cultural, las comunidades de Restrepo, Cumaral y veredas de Villavicencio nunca han maltratado un trabajador de la concesión, ni a la fuerza pública e incluso, les han dado comida, bebida y tinto y, cuando han realizado cierres intermitentes de la vía siempre han garantizado corredor humanitario para ambulancias, enfermos, citas médicas, funeraria y cualquier tipo de urgencia. Todo un ejemplo nacional.
Pero para el representante legal de Covioriente, el señor Miguel Eduardo Vargas Hernandez las comunidades que protestan de forma pacífica son un “grupo de delincuentes” y, seguramente por eso decidió saltarse la ley e intervenir la protesta. Eso mismo podrían decir de él los manifestantes, no solo por la intervención violenta y delincuencial cometida, sino por haber sido principal en la junta directiva del proyecto vial Ruta del Sol que terminó en el multimillonario caso de corrupción de Odebrecht – Grupo Aval por el cual estuvo investigado, pero en otra muestra de ejemplo, las comunidades le han dejado el calificativo de “delincuente” a quien corresponde, a la justicia.
Intervención Concesión Vial de los Llanos y ANI
En los otros tres peajes en protesta, todos adjuntos a la Concesión Vial de los Llanos, también se procedió de forma ilegal y en La Libertad de forma violenta. En Iracá, en Granada, el peaje fue acompañado con la fuerza pública y los funcionarios de la concesión impidieron levantar la vara de forma intermitente como lo vienen haciendo las comunidades de la zona. En Ocoa, en Acacías, las comunidades fueron retiradas pero volvieron a retomar la protesta pacífica y levantaron la vara para impedir el cobro al percatarse que la fuerza pública no tenía orden de intervención y por tanto el procedimiento de la Concesión y la ANI era ilegal, porque ellos también se encuentran en mesas de diálogo.
Lo más grave ocurrió en el peaje La Libertad, en Villavicencio, donde la intervención fue directamente con la fuerza pública vestidos con traje del UNDEMO, antiguo ESMAD, quienes junto a los funcionarios presionados por la concesión retomaron el cobro por la fuerza. En este peaje tampoco había orden de intervención, simplemente había orden de acompañamiento por tanto sorprendió ver al UNDEMO bloqueando la vía impidiendo el tránsito de los vehículos según denuncia pública de los manifestantes que también quedó captado en videos.
Al final del día, las concesionarias y la ANI no lograron el cometido, las comunidades “ganaron” y siguieron ejerciendo el derecho legítimo a la protesta pacífica con las varas arriba de los peajes en busca de una solución real por parte del Gobierno Nacional como vienen solicitando hace más de 100 días, sin respuesta alguna. Por eso la intervención ilegal y violenta fue de una torpeza enorme, porque así no se soluciona nada, y puede que las comunidades sean retiradas en algún momento, pero si no hay solución volverán a protestar en los peajes hasta que les den una solución real.
Sorprende que a pesar de la gravedad de lo ocurrido la Gobernadora del Meta, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y demás autoridades no hayan realizado un pronunciamiento público rechazando estos actos violentos y delincuenciales. Es inaudito que guarden silencio.
La violencia no es la forma de dar “solución” a los justos reclamos sociales. Las comunidades del Meta están exigiendo un pronunciamiento de todas las autoridades locales y nacionales y que se abran las investigaciones pertinentes a los responsables, esto no puede volver a ocurrir.
Entonces, ¿quiénes son los “delincuentes”? saquen ustedes sus conclusiones.
